En este difícil camino de reintroducir la bicicleta como medio de locomoción aparece hace unos años una herramienta interesante: las bicis públicas. Ayuntamientos e instituciones se lanzan, sin dudarlo un instante, a sembrar de bicicletas bonitas e idénticas alojadas en aparcamientos especiales, automatizados si puede ser, por los lugares más emblemáticos de las ciudades. Nadie alberga la más mínima sospecha de que todo esto no sea bueno y conveniente si de lo que se trata es de promocionar la bicicleta en la ciudad. Y menos si de lo que estamos hablando es de un nuevo sistema de transporte público alternativo. Aunque las inversiones son grandes, parece que hay un interés general que las justifica y además nos encontramos con varios grandes grupos empresariales interesados en implantar estos sistemas en las principales ciudades del mundo civilizado.
Parece que todo está bien pero comienzan los problemas. La experiencia nos empieza a desvelar algunos de ellos: los desplazamientos cortos no se reequilibran, los sistemas fallan, las bicicletas se estropean y, lo que es peor, los usuarios no consiguen realizar algunos viajes. Estos males se multiplican cuando hay que poner bicis públicas por todos los sitios, como si fueran paradas de bus y hay que empezar a moverlas cuando los usuarios las desplazan colapsando algunas bases y dejando otras vacías.
Al final estamos hablando de flotas de camiones, equipos de mantenimiento, talleres de emergencia, servicios de atención al público, empresas de gestión, compras masivas, marketing y medios de comunicación, auditorías, encuestas de satisfacción… Hemos creado una maquinaria pesada para algo que todos teníamos o podíamos tener a nuestra disposición en nuestra propia casa: una bici. El problema llegados a este punto puede estar ahora en la conveniencia de la autojustificación por los compromisos adquiridos: contratos plurianuales, obras civiles realizadas, mantenimiento del empleo, imagen pública medioambiental conseguida, etc.
